Derecho de amparo

 

El derecho de amparo es un instrumento jurídico que se utiliza para la protección de los derechos humanos. De esta forma, a partir del juicio de amparo, se puede limitar el poder de las autoridades gubernamentales. Dicho decreto se encuentra respaldado por los artículos 103 y 107 constitucionales, así como de la Ley de Amparo, en donde se establece que el amparo protege a las personas de normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares.

En términos generales, el derecho de amparo es utilizado por cualquier particular que considere que normas generales o actos de autoridades o particulares, transgreden contra sus derechos humanos.

El juicio de amparo está conformado por tres elementos: el agraviado, que es el actor de la controversia; la parte demandada, o bien, la autoridad responsable; un acto u omisión que se consideren controversiales por atentar contra derechos fundamentales. Este proceso corresponde a los tribunales judiciales federales.

El pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentó una controversia constitucional, juicio que resuelve conflictos entre poderes federales y estatales, en la Suprema Corte de Justicia, con el fin de ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal.

El motivo de esta acción legal se debe a que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseveró que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto por participar en la liberación de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, quien fue acusado de desviar 250 millones de pesos para campañas priistas. Según Corral, la actual administración ha protegido a sus aliados y fomentado casos de impunidad, a través de la obstaculización de investigaciones.

Tal acción es la primera controversia que presenta la presidencia para protegerse, por lo que, de ser procesada dicha petición, ni el presidente Enrique Peña Nieto ni su gabinete, podrán ser sometidos a investigaciones, citatorios u órdenes de aprehensión.

Debido a que la controversia constitucional requiere de un conflicto federal o estatal, dicho documento se nombre a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y al Poder Judicial local, así como al gobernador Javier Corral, según información del periódico Reforma.

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Paulina Romero